Carta Abierta: Concurso Internacional de Ideas para las Estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá

Ana María Pinzón

Ante el anuncio de apertura de este concurso el pasado 06 de abril de 2017, y tras una serie de posts, preguntas y respuestas en facebook, se redactó esta carta que, tras la firma de 11 personas, - yo incluida- entregamos a las directivas de la S.C.A Bogotá D.C. y Cundinamarca el pasado 25 de abril.

TRANSCRIPCIÓN

Bogotá D.C., Abril 25 de 2017

Señores

Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C. y Cundinamarca

Atn. Eduardo Rocha

Por medio de la presente, los abajo firmantes solicitamos un pronunciamiento público de la S.C.A Bogotá y Cundinamarca, aclarando las inquietudes expresadas a continuación respecto al “Concurso Internacional de Ideas para el diseño conceptual arquitectónico exterior e interior de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá”.

El comunicado de prensa de la apertura de este concurso, fechado el pasado 6 de abril y publicado en los sitios web de las entidades promotoras del mismo Empresa Metro de Bogotá S.A. y Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, que fue replicado en medios de comunicación como Portafolio, El Tiempo, Dinero, Caracol, W Radio, Red Más Noticias y Archdaily Colombia entre otros, e inclusive publicado y posteriormente retirado de las redes sociales de la S.C.A. Bogotá D.C. y Cundinamarca, indica que “se realizó una preselección de 11 firmas extranjeras” y que “las firmas invitadas a presentar propuestas deberán conformar consorcios o uniones temporales en los cuales deberán incluir a uno o más arquitectos o empresas de arquitectura colombianas”. Teniendo en cuenta el Estatuto General de la Contratación Pública, estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios 1510 de 2013 y 2326 de 1995, ¿este concurso es legal? En su condición de organismo asesor de concursos, ¿la S.C.A. Bogotá y Cundinamarca debe dar su aval a una concurso de este tipo, sin convocatoria pública, sin libre competencia, sin transparencia? Una asociación de carácter civil de interés profesional como la S.C.A. Bogotá D.C. y Cundinamarca, cuyo objetivo es defender los intereses de los arquitectos miembros y no miembros, ¿debe permitir que se trate a los arquitectos nacionales como arquitectos de segunda categoría?

En otro aparte del comunicado, se menciona que “el jurado está compuesto por el Alcalde Mayor de Bogotá, el Secretario de Planeación del Distrito Capital, el Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Seccional Bogotá, el Gerente de Técnico Estructuración de la FDN, el Asesor del IDU para Espacio Público, y el Gerente de la Empresa Metro de Bogotá S.A.” Según el Decreto 2326, para ser jurado de un concurso de arquitectura se debe ser arquitecto, matriculado y con experiencia profesional de cinco (5) años en el tema o materia afines del concurso de arquitectura en el cual se va a ser parte. De los seis jurados establecidos por este concurso, ni el Alcalde Mayor de Bogotá, ni el Gerente de Técnico Estructuración de la FDN, ni el Gerente de la Empresa Metro de Bogotá S.A. son arquitectos. Cabe señalar además que, con el fin de garantizar la independencia en las decisiones del jurado en un concurso de este tipo, siempre se establece un número impar. Adicionalmente, la composición del jurado, constituido por el mismo alcalde, sus socios y subordinados, genera dudas en relación a la autonomía e independencia de sus miembros.

Igualmente, el presidente de la S.C.A Bogotá D.C. y Cundinamarca al aceptar -o por lo menos no negar hasta ahora- su participación como jurado, avala en nombre de la asociación la decisión de hacer el metro elevado. Este es quizá el proyecto de infraestructura más importante en materia de transporte público masivo en Bogotá y de su desarrollo urbano futuro, y la S.C.A. Bogotá D.C. y Cundinamarca no ha realizado la primera discusión acerca de la conveniencia de esta medida que es competencia directa de arquitectos, urbanistas y diseñadores urbanos, y que como cuerpo consultivo del Gobierno y miembro del Colegio Máximo de Academias, debería liderar en el seno de la misma, velando por el interés público de la ciudad y sus ciudadanos.

Manifestamos nuestra preocupación por este caso, que sentaría un muy mal precedente para el ejercicio profesional y para los derechos de los arquitectos nacionales. Esperamos que la S.C.A Bogotá D.C. y Cundinamarca no participe en dicho proceso, dé una respuesta clara y contundente antes del 15 de mayo, día en el que según el comunicado “los participantes deberán entregar las propuestas“, y defienda y exija que los concursos de entidades estatales y/o cualquier concurso que use recursos públicos, sean abiertos, de conformidad con la ley, y que en ellos se garantice la igualdad de oportunidades para los arquitectos colombianos, además de promover con anterioridad una reflexión acerca de los temas de interés arquitectónico y urbano, buscando contribuir a la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.

FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN

En las imágenes está la carta original completa y una planilla. Las firmas y números de cédula y/o matricula profesional se intervinieron por razones de seguridad. Los que estén de acuerdo y quieran firmar, envíen su firma digital o escaneada a ana@a57.org con su número de su cédula y/o matrícula profesional o descarguen o pidan la planilla adjunta y recolecten firmas en nombre de la carta. Se las haremos llegar.

Mientras esperamos el comunicado de las directivas de la S.C.A Bogotá D.C. y Cundinamarca sobre el concurso, les dejo estas reflexiones:

Colegas arquitectos, la intención final de esta carta es defender el patrimonio público y el oficio de la arquitectura haciendo respetar las leyes existentes, y específicamente defender la naturaleza pública, de libre competencia y transparente de los concursos públicos de arquitectura en Colombia.

Las inquietudes no van encaminadas a acabar con los concursos públicos organizados por la S.C.A. y otros, al contrario, queremos defenderlos de que no sean deformados y/o usados para acelerar procesos de contratación. La celeridad y la eficiencia no tienen porqué reñir con la transparencia en el manejo de los recursos públicos -y público privados- en los concursos de arquitectura en Colombia.

Las condiciones que propone este concurso y los concursos públicos de ideas que en este momento está organizando la S.C.A Bogotá D.C. y Cundinamarca, no son deseables. Primero, son concursos de ideas y no de anteproyecto arquitectónico, lo que significa que no necesariamente hay un contrato posterior para el ganador del concurso. Adicionalmente preocupan las exigencias: se debe tener experiencia específica y acreditarla para participar. Me pregunto si algunos que hoy son arquitectos consagrados, hubieran llegado a serlo sin la oportunidad que ofrecen los concursos abiertos y públicos, en especial para los arquitectos emergentes. Lo que necesitamos y deberíamos exigir, es más y más concursos abiertos públicos de anteproyecto internacionales y nacionales, que brinden igualdad de oportunidades para todos y no sean tergiversados por los intereses políticos de turno.

Finalmente les recuerdo que las responsabilidades de la arquitectura y el diseño no son sólo estéticas, funcionales y comunicativas, son sobretodo éticas. Ya escribiré más sobre esto, a la luz de otros casos que son -en parte- nuestra responsabilidad como arquitectos, diseñadores y planificadores urbanos, como son las inundaciones y posterior reconstrucción de Mocoa y Manizales y el desplome del edificio en Cartagena.

Aclaración: Este es un espacio de opinión. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de A57. En este espacio en particular, la autora es también la Editora jefe de A57.

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